Diciembre de 2025 | En diálogo con Debate Estratégico Siglo XXI, la Primera Revista Especializada en Asuntos Públicos y Corporativos en Colombia, el economista, exvicepresidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), exsubdirector general Sectorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y actual candidato al Senado de la República por el Nuevo Liberalismo, Daniel Gómez Gaviria, expuso algunos aspectos que, desde su consideración, deberían tenerse en cuenta para la definición de este indicador económico para el 2026.
Debido a estas razones, la definición del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia no es solo una decisión laboral, sino un instrumento con efectos transversales sobre inflación, empleo, consumo, finanzas públicas, pobreza y crecimiento.
Por eso, dado el hecho que su definición en diciembre se convierte en uno de los hitos macroeconómicos más relevantes del año, desde este espacio decidimos dialogar con Gómez Gaviria para comprender los aspectos relevantes de esta discusión.
Definición del salario mínimo para Colombia en 2026
¿El salario mínimo cumple con su función social?
Revista Debate Estratégico: ¿Qué percepción tiene usted en relación con la actual discusión de este incremento del salario mínimo en el país para los trabajadores en Colombia?
Daniel Gómez Gaviria: “El problema con el salario mínimo es que supuestamente busca poner un piso de ingresos para los trabajadores en Colombia, pero no está logrando eso; lo que estamos viendo es que el 60% de los trabajadores está en la informalidad, y de esa cifra, el 80% ganan menos del salario mínimo, además que durante el último año se han perdido puestos de trabajos de salario mínimo.
Por otro lado, existen más de 400.000 personas adicionales que están ganando por debajo del salario mínimo; de hecho, en los últimos datos de empleo del DANE, vimos como 75% del aumento en los puestos de trabajo fue en la informalidad y esto lo que reflejaría es que el salario mínimo realmente no está cumpliendo esa función, y todo parece indicar que está generando una barrera al acceso al mercado laboral formal”.
Incrementar excesivamente el salario mínimo: ¿una solución?
R.D.E.: Aunque esta es una perspectiva bastante interesante de la discusión, por otro lado, existen algunas propuestas de candidatos tanto al Congreso como a la Presidencia de la República, e incluso de algunos sectores políticos o económicos, que sostienen que el salario mínimo debería ser superior a los 2 millones de pesos e incluso llegar a los dos dígitos ¿Qué tan acertadas son estas ideas acorde con la realidad actual del país?
D.G.G.: “Es una mala propuesta, porque el salario mínimo en Colombia, comparado con el salario promedio, es en promedio del 92%; en países de la OCDE es del 40%, eso quiere decir que, si uno divide el salario mínimo sobre el salario promedio da 40% en la OCDE, 30% en Estados Unidos en Colombia y 92% en el caso colombiano. De hecho, hay regiones en nuestro país en las que es superior al 100%, lo que indica es que es muy superior a la productividad que nos permitiría pagar por ese salario mínimo.
El supuesto que hacen los proponentes de subir el salario mínimo significativamente es que este aumenta los ingresos, aumenta la demanda y aumenta la actividad económica; sin embargo, este razonamiento es falaz, porque no tiene en cuenta que hay trabajos que no se van a crear por subirlo excesivamente; de hecho, hay puestos de trabajo que se pueden perder con este tipo de propuestas.
Adicionalmente, vale destacar que existen muchos puestos que se van a crear en la informalidad, por debajo del mínimo, que es lo que están mostrando los datos, entonces realmente ingresos ese aumento en demanda no se va a materializar precisamente porque no tenemos la productividad y la capacidad de generación de valor para soportar para realmente pagar ese nivel de salarios en la formalidad”.
Salario mínimo vs. Perspectivas económicas
R.D.E.: Las perspectivas de crecimiento de la OCDE señalan que el crecimiento global va a ser moderado y que el crecimiento económico de Colombia va a ser similar al de este año, que podrían varias por las decisiones políticas que se tomen el próximo año; el Banco de la República estima un crecimiento estimado del del 3% para 2026 ¿Cuál sería el camino más sensato en esta discusión y cuál sería la hoja de ruta que deberían tomar quienes discuten el salario mínimo, para darle un alivio económico a los trabajadores y que no perjudique a las empresas?
D.G.G.: “Un punto clave es que la discusión sobre la definición del salario mínimo no debe ser si se perjudica a las empresas, se trata de no perjudicar a los trabajadores, que son los que quedan excluidos del mercado laboral; no es una contraposición entre empresas o trabajadores; es realmente únicamente pensando en los trabajadores.
La comisión de concertación laboral tiene una subcomisión que discute y fija la productividad, siendo la que construye, analiza y discute uno de los recursos; el otro insumo para decidir el incremento del salario mínimo es el aumento de precios; si uno quiere proteger a los trabajadores vía salario mínimo, eso puede ser razonable, y lo que se hace es incorporar ambos componentes: el aumento en los precios y el aumento en la productividad.
Este año la inflación va a cerrar con el 5%, más o menos, y el aumento en la productividad total y del trabajo estará alrededor del 1%; es decir que, si uno quiere incorporar ambos elementos, daría aproximadamente un 6%; entonces, un aumento salarial en línea con esta realidad, adaptado a las necesidades y condiciones latentes del país, con incrementos entre productividad y precios, debería estar alrededor del 6 o 7%”.
Capacidades productivas y regionalización del salario
R.D.E.: ¿Qué consideraciones adicionales deberían tener en cuenta los tomadores de esta decisión para para generar un panorama un poco más equilibrado para las finanzas públicas del país, las empresas y los trabajadores?
D.G.G.: “El tema principal es que tenemos que aumentar la productividad del país. La productividad total de factores aumentó en un orden entre el 0,9% o el 1% en las empresas del país, y la única forma en la que la combinación de una vacante en una empresa y un trabajador que trabaja en esa empresa logre generar suficiente ingreso para pagar un salario mínimo mucho más alto, es siendo mucho más productivos.
Entonces, la gran discusión es cómo lograr eso, y generar eso es complicado, porque requiere muchos factores; pero como mínimo, debemos considerar es que esa capacidad de generar valor en cada región del país tiene factores bastante heterogéneos y diferentes; es decir, es claramente diferente la capacidad de generar valor adicional en un municipio como Mitú que en una ciudad grande como Cali o en Barranquilla.
Así las cosas, si fijamos un salario mínimo que únicamente refleja una productividad superior, es decir, de ciudades relativamente productivas en Colombia, comparando las capacidades productivas de Bogotá, Medellín o Cali, por ejemplo, con municipios más pequeños o periféricos del país, vamos a estar sistemáticamente excluyendo de la participación en el mercado laboral a trabajadores en el resto del país”.
Otras medidas necesarias para el país
Tres propuestas para Colombia
R.D.E.: hablando de su trayectoria profesional y lo que viene proponiendo en esa carrera para obtener una curul en el Senado de la República, teniendo presente su experticia en materia económica ¿cuáles son sus principales propuestas a liderar en el Congreso colombiano?
D.G.G.: “Sabemos que hay una cantidad de barreras que vivimos los colombianos desde la propuesta de legislación. El Congreso va a tener que considerar en el cuatrienio 2026-2030 una serie de normas y leyes que controlen la excesiva sobreproducción regulatoria, lo implica una mejora normativa para mejorar la producción legislativa, para que no tengamos leyes que logren resultados contrarios a los objetivos que buscan, lo que además impone unos costos excesivos sobre empresas y sobre personas.
Como segunda propuesta y que será primordial durante mi paso por el Congreso, será la revisión y modificación a los procesos de licenciamiento social y ambiental, además de los pasos, procesos y procedimientos de las consultas previas en materia ambiental, que no está logrando proteger los derechos de las comunidades afectadas ni priorizan las necesidades ambientales de la zona a impactar, lo que hace que se retrasen o directamente se frene toda la inversión en grandes proyectos de energía y grandes proyectos de infraestructura.
La tercera prioridad clave es la revisión de la situación fiscal actual de nuestro país: debemos controlar el gasto y mejorar la eficiencia de ese gasto, hacer recortes muy inteligentes y que pongan en cintura el desmedido gasto público, mejorando ingresos y recaudos, lo que requiere un sistema impositivo que no castigue la inversión y que el crecimiento sea mucho más equitativo, haciendo que el Estado gaste mejor, tengamos impuestos menos gravosos para los ciudadanos y una inversión más efectiva e inteligente en bienes públicos”.
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REVISTA DEBATE ESTRATÉGICO SIGLO XXI
Asuntos Públicos & Corporativos
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