Ley Antitrámites en Colombia: conozca los puntos centrales y sus principales beneficios

Redacción Destacados | Mayo 5 de 2021 – En diálogo con la Revista Debate Estratégico Siglo XXI – Asuntos Públicos & Corporativos, el representante a la Cámara del Valle del Cauca por el Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Kuri, autor de Ley Antitrámites en Colombia, presentó las principales novedades que trae esta norma y que el Departamento de la Función Pública – DAFP destacó, porque le ha significado un ahorro al Estado Colombiano de más de $207.000 millones de pesos con la eliminación de 1.684 acciones en los últimos dos años.

Representante a la Cámara del Valle del Cauca por el Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Kuri. Fuente de Imagen: UTL del Congresista

El Congresista Liberal Juan Fernando Reyes señaló que “los colombianos están sometidos a más de 62.000 trámites, que en su mayoría son innecesarios y que se pueden llevar al mundo digital”. Con este objeto se expidió el año pasado la ley 2052 de 2020, con la cual se generará un ahorro de 74% de tiempo a la hora de adelantar cualquier tipo de trámite ante el Estado Colombiano y con el que además se espera atacar la corrupción que aqueja a nuestro País.

Efectos clave de los trámites excesivos en Colombia y lo que busca acabar la Ley Antitrámites

1. Riego de vulneración de los derechos: en muchas ocasiones los ciudadanos deben recurrir a muchas maniobras ante las entidades para que le solucionen una petición, queja o reclamo, por lo que en muchas ocasiones se afecta el desarrollo y aplicación de los derechos de los ciudadanos; por tanto, la mitigación de la vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos es un efecto directo de las normas antitrámites.
2. Propicia y genera escenarios de corrupción: la relación entre el funcionario y el ciudadano por las demoras y lo engorroso de realizar ciertos trámites ante el Estado Colombiano en trámites que deberían ser de libre acceso y entendimiento para todos, son los que generan riesgos de corrupción, debido a que algunos funcionarios buscan prebendas para “ayudarle” al ciudadano a agilizar el trámite o simplemente hacérselo más práctico.
3. Le resta competitividad al País: casi todos los emprendedores y empresarios de todos los niveles del País aseguran que existen un sinfín de trámites engorrosos y que exigen un montón de documentos y un excesivo proceso que no los deja formalizarse, crecer ni ser más competitivos.

El Banco Interamericano de Desarrollo señala en el Informe “El fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital” de 2018 que “en el país existen alrededor de 50.000 trámites a nivel subnacional, equivalentes al 95% del total nacional, los cuales son excesivos para los ciudadanos, quienes consideran que el 68% de los trámites son difíciles de hacer”. En el mismo sentido, el “Estudio de Cultura de uso de TIC en los colombianos para relacionarse con el Estado” del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC de Colombia, sostiene que “hacer un trámite le toma en promedio a los ciudadanos, 7,4 horas, mientras en Chile, país de América Latina que demanda el menor tiempo, toma 2,2 horas; y aunque hacer un trámite digital es entre un 53% y un 89% más barato que su versión presencial”.

Trámites en línea

“Esta ley trae otras cosas novedosas”, señala el autor de la ley. “Obliga a que todos los trámites se hagan en línea. Esto agiliza los tiempos de atención al ciudadano y reduce los efectos de la corrupción, porque en esa relación del ciudadano y el funcionario para agilizar el proceso es que se incrementan los riesgos de corrupción”, sostiene el Congresista, quien fue enfático en sostener que “con las enseñanzas de la pandemia y en pleno siglo XXI, todos estos trámites deberían ya estar en línea, por lo que esta ley obliga a las instituciones a dar el salto tecnológico y que todos los trámites se realicen no parcialmente, sino totalmente de forma electrónica”.

Ajustes institucionales que obliga a efectuar la ley

Fuente de Imagen: Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

1. Oficina única de atención al ciudadano: “cada entidad debe tener una única oficina de atención al ciudadano, que le resuelva de forma integral sus solicitudes, que no lo pongan a dar vueltas en todas las oficinas de las entidades”, señala Reyes Kuri. “Así volvemos al Estado más ágil, simple y eficiente con la relación con el ciudadano”, y sostiene que a menor complejidad en los tramites mayor acceso se tiene al ejercicio de los derechos ciudadanos.
2. Informe Anuales de Cumplimiento de la Ley: “se le exige al DAFP que elabore un listado de cumplimiento de las entidades nacionales y regionales, informe que debe ser público y remitido al Congreso de la República, para su evaluación, seguimiento y control”.
3. Denuncias ante la Procuraduría General de la Nación: “la ley autoriza a que el ciudadano se remita a la Procuraduría al conocer de una institución del Estado que incumpla las leyes antitrámites mediante los canales que tiene la entidad, y que ante el Ministerio Público se denuncie a las entidades que no cumplen efectivamente estos protocolos antitrámites establecidos por la ley”.

Se acaban las estampillas físicas

La Ley 2052 de 2020 señala que “Las estampillas como tributo documental autorizadas por ley, deberán emitirse, pagarse, adherirse o anularse a través de medios electrónicos, bajo el criterio de equivalencia funcional”. En ese sentido, aclara el autor, “la digitalización de las estampillas existentes en Colombia debió haberse dado hace muchos años. Y ese es un elemento innovador que trae nuestra ley”, sostiene Reyes Kuri. “Todas estas estampillas físicas en los municipios y departamentos del País hacen aún más engorrosos los trámites y generan muchos más riesgos de corrupción”, puntualiza.

Otras novedades que trae la norma

1. El ciudadano no será mensajero del Estado: las entidades no podrán exigir documentos que no se puedan consultar en línea.
2. Se acaba la exigibilidad de fotocopias: se restringe la solicitud de la cédula al 150% y las fotocopias de la licencia de tránsito, la tarjeta o matrícula profesional y el carné de salud.
3. Tope a los tiempos de los trámites: “en términos generales ningún trámite, con algunas excepciones, se puede demorar más de 15 días”, señala el Representante.

El Congresista concluyó diciendo que “el tema antitrámites es una lucha que no va a cesar. No podemos dejar de insistir, porque cada vez que se hace una ley antitrámites, se inventan más trámites y esa es una lucha constante”, por lo que se debe generar conciencia, se debe informar a los ciudadanos y se le debe exigir a las instituciones del Estado el cabal cumplimiento de normas de esta envergadura.

--

REVISTA DEBATE ESTRATÉGICO SIGLO XXI

Asuntos Públicos & Corporativos